Un hecho. La legislación europea permite una cobertura de las rentas de los olivareros mediante un sistema de almacenamiento privado, que consiste en retirar aceite de oliva para propiciar una recuperación del precio si éste baja del umbral de la rentabilidad. Es un paraguas que, concebido hace trece años, sustituyó a la compra pública de cosecha o régimen de intervención, que otrora tuviera idéntico objetivo.
Una realidad. Con el respaldo del Gobierno central y de la Junta de Andalucía -ésta última constata que la cotización actual está rozando los costes de producción del oro verde, es decir, que el agricultor no gana y, por tanto, se ve obligado en ocasiones a malvender a pérdida-, existe unanimidad en el campo para reclamar a Bruselas que, por segunda vez en dos años, abra el paraguas que dé cobijo a los olivicultores.
Un recuerdo. En la retina quedan imágenes de los camiones literalmente tirando miles y miles de toneladas de hortalizas y frutas en Almería, Granada y Huelva para, así, eliminar el exceso de oferta que hacía ruinosos los precios en los mercados. A ver quién entiende ese tipo de medidas, alimentos pudriéndose por los suelos, con tantísima hambre como existe en este mundo. Con el aceite, ni siquiera eso, no cabe arrojarlo a alcantarilla o arroyo, menudo problema medioambiental, qué impacto, además, la visión de ese oro despilfarrado.
Una persecución. La Comisión Nacional de la Competencia, organismo adscrito al Ministerio de Economía y que preside Luis Berenguer, percibe acuerdos de precios, prohibidos para guarecer la libertad de mercado, en cualquier manifestación de la agroindustria que hable, aunque de refilón sea, de la marcha de las cotizaciones, y saca la sanción ya sea para los hueveros, panaderos o polleros y sus asociaciones respectivas.
Una contradicción. Si opinan las patronales alimentarias, a investigar, incluso los comunicados de prensa, las declaraciones a radios y televisiones, además de las recomendaciones que dan a sus socios, qué sentido tienen por tanto si no actúan para defender los intereses de sus miembros, el sinsentido.
Una discriminación. Frente al celo agroalimentario, ninguna actuación contra los servicios de estudios de bancos que predicen que las viviendas se abaratarán o encarecerán en tal porcentaje, y Berenguer como si oyera llover, como si no condicionaran el mercado inmobiliario y no estuvieran ellos mismos repletos de pisos por vender. También se deja ir de rositas a las tres agencias internacionales de calificación del riesgo que, con sus consejos, aquí compra, allí vende, determinan el destino de Estados enteros, así se ha visto en Grecia, Irlanda, Portugal e incluso España. ¿Es más fácil perseguir a los débiles que a los fuertes? Sólo pregunto.
Una evidencia. Las cadenas de distribución aprietan a la agroindustria y ésta a los productores, sobre los que se ejerce un poder cuasi soberano en el proceso de formación de los precios. Sin embargo, el principio de libre competencia, que tiende a beneficiar al bolsillo de los consumidores y evitar las posiciones de dominio, no cabe alegarse, por sensatez e incluso por conciencia, para seguir permitiendo que unos tengan puestos sus pies sobre el cuello de otros.
La experiencia. El almacenamiento privado del aceite de oliva ya se puso en marcha una vez, en concreto hace dos años, y ninguna autoridad de la competencia cuestionó tal iniciativa, y menos en España, el país al que llegaron las ayudas. Cierto y verdad es que, en aquella ocasión, la petición estaba avalada por unos precios que sí habían caído al nivel que exigía Bruselas. Sin embargo, la no actualización de éstos durante trece años es, cuanto menos, cuestionable. ¿O alguien ha tenido sus rentas congeladas durante más de una década?
Una sentencia. Difícilmente dos gobiernos, el español y el andaluz, pedirían que se activara el mecanismo si tuvieran conocimiento de que iban a violentar cualquier tipo de legislación, incluida la de competencia, y esta sentencia hay que atribuirla también a Angela Merkel, quien arrancó de la Unión Europea ayudas comunitarias para retirar del mercado carne de porcino debido a la crisis que padecía el sector alemán.
Una opinión. Ha dicho en Sevilla Luis Berenguer que bien por la Comisión Europea que no autoriza el almacenamiento privado para el aceite de oliva, porque, argumenta, puede constituir una infracción para las normas de la competencia y, por tanto, se haría daño a los consumidores. Esto es una opinión, y lo del principio de este análisis es un hecho, la base legal. Y si se refiere a la ayuda pública al agricultor, que vire también los ojos hacia la banca.
P. D.
La parva. El PSOE andaluz defenderá ante el Parlamento regional una proposición no de ley para instar al Gobierno nacional a acometer una reforma legislativa “que permita la entrega de la vivienda en pago por la totalidad de la deuda hipotecaria para los supuestos de única vivienda habitual y ante situaciones de impago debidamente justificadas». Bonita iniciativa, muy de campaña electoral, pero ódienme si les digo que muy complicada de que fructifique, a menos que los socialistas del Ejecutivo central cambien de opinión y se presten a apoyarla, porque hasta ahora la ha rechazado, y el propio Zapatero ha dicho no. El porqué no es otro que el impacto que tendría sobre las cuentas de la banca, que se vería abocada a asumir más viviendas en su ya extensa cartera inmobiliaria, con el daño adicional a la depauperada imagen internacional de las finanzas españolas. Fuentes financieras sentencian que, de llevarse a cabo, el perjuicio sería incluso más dañino que eliminar, como así están determinando no pocos jueces, las cláusulas suelo de las hipotecas. Si alguien se compra un coche con un crédito, ¿no sigue pagándolo aunque tenga un accidente y declaren siniestro total al vehículo? Sé que este argumento es comprometido e impopular, pero la dación en pago de una vivienda hay que meditarla y limitarla muy mucho, aunque se comprende la desesperación de familias que, tras quedarse en paro, aún deben seguir cargando con la devolución del préstamo. Sobre estas últimas habría quizás que arbitrar medidas, con la colaboración de las administraciones públicas y la banca, y no generalizar semejante iniciativa. Siempre hay que tener en cuenta, además, que toda compra a crédito comporta un riesgo, llámese coche, llámese casa, llámese frigorífico.
La simiente. Enhorabuena a Cobre Las Cruces, que ha encontrado oro en su mina de Sevilla, e incluso ha puesto valor al hallazgo, unos 100 millones de dólares. Es curioso. La existencia de ese metal precioso se conocía desde el mismo momento en que se puso en marcha el proyecto, e incluso hace apenas tres meses la compañía reconocía que sí, que había oro, pero que por ahora podía esperar, que extraerlo costaba sus cuartos, y que la prioridad era el cobre, infinitamente más abundante. Esta misma semana, sin embargo, la empresa se ha llevado de nuevo el titular, ¡oro, que hay oro! Imagínense 3,8 gramos dorados entre una tonelada de tierra y minerales. Imagínense una aguja en un pajar.
La paja. El día en que el Gobierno central aclare qué quiere hacer con los horarios comerciales, si se amplían o no los días de apertura, podrán los comerciantes quedarse tranquilos, vaya vaivén, vaya indecisión, vaya un querer y no poder, vaya una generación de expectativas incumplidas, ahora hacia adelante y después hacia atrás. No sé si más aperturas supondrán más empleos, lo dudo, soy asiduo a una gran superficie comercial donde las colas se forman porque cada vez hay menos cajeras, y si pretenden bajar los precios de la alimentación, ya podría hacer el Gobierno lo mismo con las petroleras y controlar la inflación frenando el continuo encarecimiento de las gasolinas.