Lo que en principio iban a ser ligeros retoques de la Ley de Cajas de Ahorros de Andalucía para dar cabida a las singularidades que comporta la fusión de Unicaja y Cajasur (más Caja de Jaén) y permitir que Braulio Medel, presidente de la primera y al que le tocaba dejar el cargo tras agotar sus mandatos, capitanee esta operación se ha convertido en una auténtica reforma de la legislación de las finanzas de la comunidad autónoma. Al margen de que Medel pueda permanecer año más o menos y de que el Cabildo de Córdoba obtenga su cuota de poder adicional en la nueva entidad, los cambios regulan cualquier movimiento que se atrevan a cometer las cajas, al tiempo que atan en corto a sus cajeros.

El primer ejecutivo de la caja malagueña, en efecto, pivotará la fusión durante el periodo transitorio, que se alarga hasta los tres años, antes eran dos, y se encajará así en los 65 años, edad de jubilación, aunque Medel tiene cuerda para este rato y otros muchos. Pero esos doce meses se han agregado, además, para dar tiempo a una fusión, la de Cajasur y Unicaja, que se presume compleja, y ahí tenemos la experiencia de El Monte y San Fernando en Cajasol, que a un mes de cumplirse los dos años del periodo transitorio, en mayo pasado, aún andaba enfrascada cerrando flecos. Dos años de engranaje, otro para que ruede la máquina.

El Cabildo de Córdoba, entidad fundadora de Cajasur, obtiene más representación en los órganos de dirección de la caja fusionada, podrá elegir como quiera, y como hasta ahora hacía, a sus representantes y para ella será la segunda vicepresidencia ejecutiva, figura nueva en la ley (antes, sólo una, y si había más no tenía carácter ejecutivo). Para esa presencia reforzada otorgada a la Iglesia, los porcentajes de los distintos grupos con derecho a estar representados (impositores, entidades fundadoras, trabajadores, corporaciones locales y otras organizaciones) se alteran y se amplía el número de miembros de los órganos de gobierno.

Aunque el borrador del decreto-ley de reforma, hoy publicado por El Correo de Andalucía, no especifica cómo, regulará “expresamente” las fusiones de las cajas de ahorros andaluzas con otras que tengan su sede fuera de la comunidad (foráneas). Por un lado, está creando un marco normativo para una nueva realidad, las uniones interterritoriales, con el objetivo de anticiparse a los movimientos que pudiera haber, como el de Cajasol con las cajas extremeñas y la de Guadalajara. Por otro, evita episodios de negociación a espaldas del Gobierno andaluz, como fue el iniciado por Cajasur y Caja Murcia, una operación que la Junta no estaba dispuesta a tolerar.

Pero otras dos claves tiene esta inclusión. Primera, reservarse la última palabra en las fusiones interterritoriales, digan lo que digan la legislación nacional reguladora de las cajas y el FROB (el fondo de rescate, que adjudica a la autoridad nacional el veto en las operaciones de integración de las entidades intervenidas). Segunda, imposibilitar que la sede social de una caja andaluza se vaya fuera de la comunidad, pues en tal caso se perdería la tutela de la misma. Falta especificar cómo se materializarán semejantes claves en la reforma.

Tan importante como el capítulo anterior es la inclusión, también por vez primera, del denominado Sistema Institucional de Protección (SIP), una fórmula de integración sin perder la personalidad jurídica que, en España, está siendo experimentada por las cajas rurales, y en Andalucía por Cajamar con entidades de otras regiones. Dada la férrea oposición de Caja Granada a inmiscuirse en cualquier fusión donde ella no lleve la batuta, el SIP, cuya autorización se reserva la Consejería de Economía y Hacienda ya que se puede acometer con entidades andaluzas o foráneas, es la alianza perfecta, pues la caja se mantiene intacta, aunque dentro de un grupo cajero.

La Junta, además, concede mayores facilidades a las cajas de ahorros para captar recursos vía cuotas participativas, una especie de acciones que, a quienes compren, les reporta un dividendo conforme al resultado de la entidad (sin mermar la Obra Social) pero que carecen del derecho a voto en los órganos de gobierno.

Existe todavía mucho recelo, en especial por parte de los sindicatos, sobre estas emisiones de cuotas participativas, al entender que implican la privatización de las cajas y, de hecho, sólo una de las diez más grandes en España, la CAM, las ha lanzado al mercado. Es, sin embargo, una fórmula más para obtener liquidez, y “podría ser necesaria”, dice el borrador del decreto-ley.

Experiencia tiene Andalucía en cajeros díscolos, como lo fueron Isidoro Beneroso (El Monte) y Juan Manuel Benjumea (Caja San Fernando). La Consejería, con los cambios, aclara cuánto pueden estar en sus cargos, para que no intenten aferrarse a ellos y ante la cierta confusión que entraña la redacción actual de la ley. No en vano, en Caja Granada insistían hasta julio pasado que el presidente, Antonio Claret García, podría continuar hasta 2013 en su sillón, cumpliendo así doce años como establecen los estatutos de la entidad. No, le dijo Economía. Son dos mandatos consecutivos con independencia de que sean cuatro o seis años cada uno, y tú lo has cumplido, aunque no hayas alcanzado los doce. Ya hay pactado otro presidente, Antonio Jara.

Deja claro el borrador, pues, que cada mandato serán de seis años y que es posible una reelección, y de las cuentas sale un máximo de doce años. En casos excepcionales, como el de las fusiones y debido al periodo transitorio, el tiempo en la presidencia podrá ser superior a los seis años, pero “computará como mandato completo”. Es decir, tras cerrarse la operación, el contador no se pone a cero.

Éstas son las principales novedades de la reforma. Son de calado, no meros retoques. Queda la letra pequeña, y corre prisa.

P. D.

La parva.

En los ámbitos agrarios, de uno y otro lado, comienza a preocupar la consejera Clara Aguilera. Son muchas sus declaraciones de intenciones, pocas las realizaciones, según argumentan. Y eso se nota en las calles con las movilizaciones.

La simiente.

Toxo dejó impresionado a quienes asistieron a la conferencia que, en Sevilla, dio ayer dentro del ciclo Los Diálogos de El Correo de Andalucía. Primero, porque conectó con la audiencia por su seriedad y claridad. Segundo, por su cercanía al Gobierno, quizás incluso más que la de UGT.